Ejercicio:

Constituciones comparadas

ANOTACIONES DE CÓMO HACER EL CUADRO
    (1)  Tipo de Régimen Liberal que desarrolla, modelo de soberanía, jefatura del Estado

(2)  De qué poderes dispone el Rey: ¿sanciona, promulga, legisla, veta...?

(3)  Capacidad legislativa que tienen; si son uni ó bicamerales y forma de elección

(4)  Que aparezcan todos los posibles. Si son los básicos( propiedad, igualdad ante la Ley, seguridad

jurídicao sufragio ) llámalos así, básicos. Si son derechos más sociales o colectivos, exponlos en el cuadro.

(5)  ¿ Cómo se eligen las autoridades municipales y provinciales?¿ Hay descentralización del Estado?

(6)  Si existe ejército y milicia nacional

UN MANIFIESTO DE LA AGRUPACIÓN DE INTELECTUALES AL SERVICIO DE LA REPÚBLICA

(...) creemos que la Monarquía de Sagunto ha de ser sustituida por una República. (…) Pero es ilusorio imaginar que la Monarquía va a ceder galantemente el paso a un sistema de Poder público tan opuesto a sus malos usos, a sus privilegios y egoísmos. Sólo se rendirá ante una formidable presión de la opinión pública. Es, pues, urgentísimo organizar esa presión, haciendo que sobre el capricho monárquico pese con suma energía la voluntad republicana de nuestro pueblo. Esta es la labor ingente que el momento reclama. Nosotros nos ponemos a su servicio. No se trata de formar un partido político. No es razón de partir, sino de unificar. Nos proponemos suscitar una amplísima agrupación al servicio de la República, cuyos esfuerzos tenderán a lo siguiente:

1º: movilizar a todos los españoles de oficio intelectual para que formen un copioso contingente de propagandistas y defensores de la República española. (…)

2º: Con este organismo de avanzada bien disciplinado y extendido sobre toda España, actuaremos apasionadamente sobre el resto del cuerpo nacional, exaltando la gran promesa histórica que es la República española y preparando su triunfo en unas elecciones constituyentes ejecutadas con las máximas garantías de pulcritud civil.

3º: Pero, al mismo tiempo, nuestra Agrupación irá organizando, desde la capital hasta la aldea y el caserío, la nueva vida pública de España en todas sus bases a fin de lograr la sólida instauración y el ejemplar funcionamiento del nuevo Estado republicano.

GREGORIO MARAÑÓN, RAMÓN PÉREZ DE AYALA, JOSÉ ORTEGA Y GASSET, Diario El Sol, el 10 de febrero de 1931

SOLU 37

El programa electoral del Frente Popular fue el documento que presentó la coalición de partidos de izquierda y centro-izquierda para las elecciones generales de España de 1936. El Frente Popular estaba formado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Comunista de España (PCE), Izquierda Republicana (IR), Unión Republicana (UR) y otros grupos menores. Su objetivo era reanudar las reformas sociales y políticas del primer bienio republicano (1931-1933), frenadas por el gobierno de centro-derecha del segundo bienio (1933-1935). Entre las principales propuestas del programa del Frente Popular se encontraban:

• La amnistía para los presos políticos y sociales, especialmente los implicados en la revolución de octubre de 1934.

• El restablecimiento de la Constitución de 1931 y el respeto a los estatutos de autonomía de Cataluña y el País Vasco.

• La reforma agraria, que buscaba mejorar las condiciones de vida de los campesinos mediante la redistribución de la tierra, el crédito agrícola y la mejora de los servicios públicos rurales.

• La reforma del sistema bancario, que pretendía aumentar el control del Estado sobre el crédito y la moneda, así como favorecer el ahorro popular y la inversión productiva.

• La defensa de la libertad, la democracia y la justicia social, frente al avance del fascismo y la reacción conservadora.

El programa del Frente Popular fue el resultado de un pacto entre las distintas fuerzas políticas que lo integraban, que tuvieron que ceder en algunos puntos para lograr la unidad. Por ejemplo, los republicanos no aceptaron la nacionalización de la tierra ni de la banca, propuestas por los socialistas y los comunistas, ni tampoco el control obrero de la producción. El Frente Popular se presentó como una alternativa al Bloque Nacional, la coalición de partidos de derecha y centro-derecha que agrupaba a la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), el Partido Radical, la Comunión Tradicionalista y otros grupos afines.

El Frente Popular ganó las elecciones de 1936 por un estrecho margen, obteniendo el 34,3% de los votos y 263 escaños, frente al 33,2% y 156 escaños del Bloque Nacional. Sin embargo, el Frente Popular no logró una mayoría absoluta en el parlamento, por lo que tuvo que apoyarse en los partidos nacionalistas catalanes y vascos, que sumaban 17 escaños. El gobierno del Frente Popular, presidido por Manuel Azaña, intentó llevar a cabo su programa, pero se encontró con la fuerte oposición de la derecha, que denunció un supuesto fraude electoral, la violencia política, el anticlericalismo y el separatismo. El clima de tensión y polarización se agravó con el asesinato del líder de la derecha monárquica José Calvo Sotelo, el 13 de julio de 1936, lo que fue el detonante del alzamiento militar del 18 de julio, que dio inicio a la Guerra Civil Española.

TEXTO 2.- La Segunda República y los problemas del campo español.

TEXTO 3.- Algunos artículos polémicos de la Constitución de 1931.

TEXTO 4.- Programa del Frente Popular. 

TEXTO 5.- Manifiesto de despedida de Alfonso XIII al país. 

Nos encontramos ante un texto de carácter político, puesto que se trata de un fragmento del Manifiesto de despedida de Alfonso XIII, fechado el 13 de abril de 1931, un día después de la celebración de las elecciones municipales en la que los republicanos resultaron ganadores en las principales ciudades españolas .Este texto marca por lo tanto el final de la monarquía dando paso a la II República.

El último gobierno de la monarquía presidido por Juan Bautista Aznar convocó elecciones municipales que la oposición consideró como una consulta a favor de la monarquía o la república. El resultado de estas elecciones, en su conjunto, supuso el triunfo de las candidaturas monárquicas, pero en las grandes ciudades vencieron las candidaturas republicanas. Estos resultados demostraron la falta de apoyo a la monarquía ya que se dio más importancia al voto de las ciudades puesto que se consideraba que el voto rural estaba condicionado por el caciquismo.

En el texto, el rey Alfonso XIII admite que tras los resultados obtenidos en las elecciones celebradas el 12 de abril de 1931, no cuenta con el apoyo de su pueblo y reconoce que un rey puede equivocarse y él sin duda erró. Al decir esto se refiere al apoyo a la dictadura de Primo de Rivera, aunque trata de justificarse que siempre actuó con buena fe, incluso como él dice en las malas coyunturas, refiriéndose a las tres graves crisis de su reinado como fueron la Semana Trágica de Barcelona de 1909, la crisis de 1917 y el desastre de Annual de 1921.

Otro de los motivos de su renuncia era evitar una fraticida Guerra Civil y dice que no renuncia a ninguno de sus derechos al trono, puesto que los considera como un depósito acumulado por la Historia. Éste afirmará que marchará al exilio pero que confía en volver cuando se celebren elecciones generales y el pueblo así lo decida, pues considera la soberanía nacional como “única señora de su destino”.

Además también puede verse reflejado el desánimo del rey ante la situación creada en España, puesto que se encontraba solo ya que todos le abandonaron, incluidos los militares.

El rey leyó su manifiesto ante su consejo de ministros, la tarde del 14 de abril antes de marcharse al exilio y al día siguiente fue publicado en el periódico monárquico ABC y posteriormente en los principales periódicos del país para el conocimiento de todos los españoles.

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Nos encontramos ante un texto histórico (fuente primaria) ya que se trata de una publicación de un periódico contemporánea a los hechos planteados en el texto. Fue escrito en abril de 1931, tras los resultados de las elecciones, por el monarca Alfonso XIII.

Alfonso XIII fue rey de España desde 1902 hasta la proclamación de la II República, tras su marcha al exilio.

En 1930 se estableció la "dictablanda" de Dámaso Berenguer, tras la dimisión del dictador Primo de Rivera. Fue un régimen más tolerante que el anterior, pero continuaba sin haber elecciones, por lo que surgió una fuerte oposición contraria a la monarquía y a la dictadura. Todos los partidos de la oposición firmaron el Pacto de san Sebastián en el que amenazaron con un golpe de Estado en caso de no haber unas elecciones. Ante esta situación el monarca sustituye a Berenguer por Aznar y consigue que se realicen unas elecciones municipales (los monárquicos pensaban que la victoria sería más fácil en el medio rural). Los monárquicos ganaron en el medio rural y los republicanos socialistas en las grandes ciudades. El monarca decidió retirarse de la política española tras el conocimiento de esos resultados. Antes de su partida escribió una carta en la que explicaba los motivos de esta. Alfonso XIII, tal y como explica en el inicio del texto, reconoce que España no está a favor de la Monarquía. El resultado a favor de esta aparece, como hemos dicho anteriormente, en el medio rural, zonas coaccionadas por los caciques, quienes imponían el voto obligatorio a las personas de la zona. Alfonso XIII reconoce que ha errado como monarca, pero que al fin y al cabo es español y defensor de los españoles, por lo que quiere evitar una guerra civil que podría surgir por el supuesto alargamiento del régimen establecido hasta entonces, que hubiera sido legal por el resultado de las elecciones de 1931(a favor de la monarquía). Aunque el rey se marcha del país, no renuncia a sus derechos por una cuestión histórica. De este modo, suspende el ejercicio de la monarquía, dejando el país en manos de la nación. Alfonso XIII renuncia la corona de España por amor a la patria y espera que los españoles hagan lo mismo para que el país salga a flote y se solucionen todos los problemas políticos que el país tiene por aquel entonces.

Tras la marcha al exilio de Alfonso XIII, se establece en España la II República con un Gobierno Provisional para evitar una revolución anarquista ante la falta de un monarca a cargo del gobierno. El tiempo de la II República fue un periodo de cambios de gobierno, disputas, oposición… Todas estas tensiones darán lugar a un golpe de Estado y a la Guerra Civil de 1936.

A lo largo del verano y en los meses siguientes, con el Gobierno del socialista Francisco Largo Caballero, apodado de manera optimista como el de la victoria, el Ejército que quedó en la zona gubernamental fue sustituido por uno de nuevo cuño. Se denominó Ejército Popular de la República y contó con símbolos tomados del Ejército Rojo de la URSS, como la estrella de cinco puntas y la instauración de comisarios políticos en las unidades, amén de estupideces como la sustitución del saludo reglamentario con la palma abierta por otro con el puño cerrado. En octubre de 1936, la Gaceta de Madrid publicó un decreto firmado por Largo Caballero que instauraba el Comisariado Político, que tantos muertos iba a causar en sus propias filas, unas veces por incompetencia militar y otras por eliminación de derrotistas, facciosos, trotskistas y traidores.

Se crea un Comisariado General de Guerra, cuya principal misión consistirá en ejercer un control de índole políticosocial sobre los soldados, milicianos y demás fuerzas armadas al servicio de la República y lograr una coordinación entre los mandos militare y las masas combatientes encaminada al mejor aprovechamiento de la eficiencia de las citadas fuerzas.

De acuerdo con los datos de Ramón Salas Larrazábal en su artículo titulado Los 40 generales víctimas de la guerra civil (revista Historia y Vida), murieron en la zona nacional ocho generales del Ejército y dos de la Armada, en total, 10; y en la zona republicana 19 generales del Ejército y 11 de la Armada, es decir, 30. De los 40 generales y almirantes fallecidos, tres cuartas partes lo fueron en la zona roja.

Un muerto condenado a muerte

El primer general muerto fue el general de brigada Jacinto Fernández Ampón, gobernador militar de Gerona, que proclamó el estado de guerra en esta ciudad. Fue detenido y trasladado a Barcelona, donde se le fusiló en el cementerio de Moncada por milicianos el 22 de julio de 1936. Al asesinato, el Gobierno de izquierdas unió el insulto, ya que después de su muerte un tribunal lo condenó a muerte en rebeldía.

Antes de cumplirse el primer mes de la sublevación cívico-militar fueron juzgados, condenados a muerte y ejecutados los generales que dirigieron las sublevaciones de Madrid, Barcelona y Málaga.

En Barcelona fracasó el golpe y fueron apresados los generales implicados. En el consejo de guerra se juzgó al general de división Manuel Goded, que era comandante militar de Baleares, pero el 19 de julio había volado a Barcelona para ponerse al frente de las tropas. Junto a él también fueron juzgados y condenados a la pena máxima los generales de brigada Álvaro Fernández Burriel y Justo Legorburu. Se les fusiló en el castillo de Montjuic el 12 de agosto. En octubre de 1940, fue fusilado en el mismo lugar por los vencedores el golpista Lluìs Companys.

En Madrid, el general Joaquín Fanjul Goñi encabezó la rebelión en el Cuartel de la Montaña y se salvó de la matanza cometida al rendirse, pero sólo para ser juzgado el 15 de agosto y ejecutado el 17 de agosto.

El general Francisco Patxot, gobernador de Málaga, sacó las escasas tropas que tenía a sus órdenes y tomó la ciudad con la colaboración de 600 guardias civiles. Pero Diego Martínez Barrios, presidente de las Cortes, habló con él por teléfono, le aseguró que el alzamiento había fracasado, añadió que el destructor Sánchez Barcáiztegui se dirigía a la ciudad con órdenes de bombardearla y para evitar más muertes le intimó a la rendición, a la vez que le prometió respeto a su vida y a la de sus oficiales. Patxot mandó a las tropas regresar a sus cuarteles, donde las milicias de izquierdas irrumpieron y cometieron una matanza.

El 23 de agosto de 1936, el ABC de Madrid, controlado por el PSOE y la UGT, dio la noticia de la muerte como La Vanguardia daba las muertes de los sindicalistas a los que se les aplicaba la ley de fugas:

El general Patxot, ex-comandante militar de Málaga, ha fallecido a consecuencia de las heridas recibidas cuando era conducido a la prisión, acusado de haber participado en la sublevación fascista.

El general de brigada José Bosch Atienza, comandante de Menorca, proclamó el estado de guerra en la isla, la única de las Baleares que se mantuvo leal a Madrid. La reacción de los grupos de izquierda y de otras unidades militares y navales hizo que se rindiese. El general José Gacía Aldave, comandante militar de Alicante, en cuya prisión se encontraban encerrados José Antonio Primo de Rivera y otros falangistas, tuvo una postura dubitativa y, aunque no proclamó el estado de guerra, no se salvó de ser ejecutado.

La decapitación de un general republicano y masón

Ese mismo mes murió el general Eduardo López Ochoa, al que sus condiciones de masón y republicano no salvaron la vida. El Gobierno republicano le encargó la represión de la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias, por lo que la izquierda le convirtió en uno de los objetivos de su campaña de odio de los meses siguientes.

El 18 de julio, López Ochoa estaba ingresado por enfermedad en el Hospital Militar de Carabanchel, y los milicianos azuzados por meses de odio fueron a por él; la primera vez, un piquete de Guardias de Asalto les impidió a éstos la entrada en el hospital; pero la segunda vez, el 17 de agosto, lo consiguieron. Los rojos asesinaron al coronel González Deleito, que trató de defender a López Ochoa. Su muerte fue espantosa. Gonzalo Queipo de Llano difundió por radio que le dispararon cuarenta tiros en su cama. La verdad es que lo degollaron con una navaja barbera y luego le decapitaron; por último, clavaron su cabeza en un palo y la llevaron en triunfo por la barriada. La chusma encamionada de la República española actuaba como la chusma parisina de la Revolución francesa: paseando las cabezas de sus enemigos.

Otros generales muertos, muchos de ellos en sacas, fueron los tenientes generales Pío López Pozas y José Rodríguez Casademunt y los generales Villegas, Capaz, González de Lara, Emilio Araujo y Manuel Lon Laga.

El tercer teniente general que había en España, Alberto Castro Girona, estaba en Madrid en situación de disponible sin destino. Aunque tampoco se sublevó, el Gobierno de Largo Caballero lo encarceló. Salvó la vida y falleció en 1969.

En la base naval de Cartagena fueron detenidos los contraalmirantes Francisco Márquez Román, Camilo Molins y Ramón Navia Osorio Castropol. Márquez fue trasladado a Madrid donde murió asesinado; Molins fue absuelto, pero los vencedores le juzgaron y ejecutaron; y Navia Osorio murió en la última matanza de oficiales del Cuerpo General de la Armada, a finales de octubre de 1936.

En Madrid los republicanos mataron al vicealmirante Francisco Javier de Salas González, jefe del Estado Mayor de la Armada. La tripulación del crucero Miguel de Cervantes asesinó al vicealmirante Miguel de Mier y del Río.

En Mahón también se asesinó al contraalmirante Luis Pascual del Pobil. En Guadalajara murió el contraalmirante Ramón Fontella Maristany. Y en Madrid al contraalmirante Joaquín Cervera, segundo jefe militar del Cuarto Militar del presidente de la República.

Otros cuatro generales de la Armada asesinados todos en Madrid fueron: Manuel González de Aleda y Castilla, ingeniero, José Martínez Ayala, de Intendencia, Guillermo García Parreño, jurídico y Esteban Martínez Cabañas, jurídico.

POR JESÚS BASTANTE. MADRID. ABC. El 23 de enero de 1932 (hace ahora 75 años), a las once de la noche, el presidente de la República, Manuel Azaña, hizo llegar al entonces ministro de Justicia, Fernando de los Rios.

MADRID. El 23 de enero de 1932 (hace ahora 75 años), a las once de la noche, el presidente de la República, Manuel Azaña, hizo llegar al entonces ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, el documento en virtud del cual se ordenaba la «disolución en territorio español de la Compañía de Jesús».

El decreto, publicado al día siguiente en La Gaceta -órgano oficial del régimen-, ABC y El Socialista, estipulaba la propiedad estatal de todos los bienes de los jesuitas, a quienes daba un plazo de diez días para abandonar la vida religiosa en común y someterse a la legislación. No era la primera vez que la Compañía de Jesús sufría una expulsión en España, pero sin duda sí fue la más dolorosa y cruenta.

La disolución de los jesuitas ponía el punto y aparte a una situación de persecución contra la Iglesia que comenzó a fraguarse nada más instaurarse la II República. Esta etapa tuvo su punto culminante con la aprobación del artículo 26 de la Constitución republicana -que declaraba disueltas aquellas órdenes religiosas que impusieran, «además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a una autoridad distinta de la legítima del Estado»- y con el famoso discurso de Azaña, el 13 de octubre de 1931, en el que declaraba que «España ha dejado de ser católica».

Durante aquellos días llegarían la quema de iglesias y conventos, que se agudizarían tras la disolución de la Compañía y durante los primeros meses de la Guerra Civil. Como apunta el historiador y ex presidente del Parlamento de Navarra, Víctor Manuel Arbeloa, «desde los primeros momentos del régimen la Compañía fue objeto de animadversión y persecución».

La ejecución del decreto afectó a los 3.001 jesuitas españoles, además de los 621 que estudiaban en el extranjero. «De golpe y porrazo», constata el jesuita Alfredo Verdoy, se clausuraron 80 casas de la Compañía en España, echaban el cierre todos sus centros educativos y obras sociales y sus estudiantes se exiliaban a Bélgica e Italia.

Comienzo de la persecución

Apenas se proclamó la República, la Compañía sintió la persecución. Uno de los mayores expertos en esta materia, el jesuita Alfredo Verdoy (autor de «Los bienes de los jesuitas. Disolución e incautación de la Compañía de Jesús durante la II República», Trotta) señala cómo «en muy pocos meses, de octubre de 1931 a enero de 1932, se fue cociendo la perentoria necesidad no sólo de disolver la Compaía de Jesús, sino todas las órdenes y congregaciones religiosas, especialmente las que más influjo tenían en el campo educativo y social».

Sin embargo, no fueron pocos los jesuitas que, desafiando el orden establecido, optaron por permanecer en España. La revista de los jesuitas en Castilla recordaba, en junio de 2004, cómo todos ellos hubieron de «refugiarse en un régimen de clandestinidad en diversos pisos», conocidos como «Coetus», donde continuaron ejerciendo su ministerio.

Las negociaciones previas a la entrada en vigor del decreto, que encabezaron el Nuncio y el cardenal Vida y Barraquer, sólo sirvieron para limitar el alcance de la ley a los jesuitas. En opinión de Arbeloa, «los jesuitas eran la punta de lanza de la Iglesia, especialmente en el ámbito social y cultural. Y por ello molestaban, y mucho. Los políticos laicistas no hicieron esfuerzo alguno para tratar de llegar a una «concordia» como la que preparó el equipo del cardenal Vidal y Barraquer y el Nuncio Tedeschini».

¿Por qué los jesuitas y no todos los religiosos? Para Verdoy, «porque, de haber optado por expulsar a todos, el Gobierno republicano se hubiera enterrado vivo. No olvidemos que el deseo de suprimir la Compañía había unificado a los anticlericales y a todos cuantos pensaban que los jesuitas acabarían mermando el poder de la República, y dulcificando su carácter revolucionario».

Aunque los jesuitas estaban preparados para una expulsión, «hicieron cuanto pudieron en su defensa y, ante el decreto, reaccionaron con altura de miras, incluso con generosidad, y sobre todo con mucho dolor por lo que su Gobierno quería para ellos», dice Verdoy.

La decisión de disolver la Compañía causó una profunda polémica en la España republicana. Las crónicas de ABC en las siguientes semanas ponen de manifiesto la protesta vivida en todas las iglesias y centros católicos. El propio Pío XI proclamaba, el 25 de enero, que los jesuitas eran «mártires del Papa».

La medida fue fue contestada en otros ambientes. Como recuerda Arbeloa, el propio Gobierno «estuvo dividido en este punto», y algunos de sus miembros, como Alcalá Zamora o Maura, defendieron hasta el final su no aplicación.

Setenta y cinco años después, y en mitad de un proceso revisionista de nuestra historia más reciente llevado a cabo por el Gobierno, Arbeloa subraya cómo «hay laicistas españoles, antes y ahora, muy ignorantes, zafios, sectarios y crueles. Suelen ser, en buena parte, católicos «renegados», que quieren acabar con cualquier influencia del Cristianismo y de la Iglesia en la sociedad».

Aunque la situación actual es bien distinta, el historiador sostiene que los citados sectores «quieren hacer desaparecer desde los belenes a los crucifijos». Empero, apunta que «son distintos los ateos, agnósticos y anticlericales. Espero que entre todos controlemos a los fundamentalistas peligrosos, de cualquier especie». Para evitar que la Historia se repita.

Fuente ABC

Foto: Colegio Santa María del Mar. Colegio jesuita

Sucedió en La Coruña: los rebeldes fusilaron al gobernador civil, Francisco Pérez Carballo el día veinticinco de Julio de 1936, solamente tenía veinticinco años de edad. Unos días más tarde, a mediados de Agosto, su mujer, Juana Capdevielle, apareció muerta en una cuneta del municipio de Rábade, provincia de Lugo. El general jefe de la VIII División, que comprendía Galicia y León, Enrique Salcedo Molinuevo, y el general jefe de la 15ª Brigada, Rogelio Caridad Pita, fueron fusilados en el castillo de San Felipe de la ría del Ferrol el nueve de Noviembre de 1936.

El gobernador y los dos generales disponían los medios para evitar lo que ocurrió después. Al general Salcedo, los propios insurgentes le tenían al corriente de sus planes creyendo que estaba con ellos. El general Caridad, por su parte, llevaba tiempo extremando la vigilancia y visitando diariamente los cuarteles a horas imprevistas para tratar de descubrir un indicio de rebelión. El gobernador Pérez Carballo, cuando tuvo las primeras noticias del levantamiento militar en Africa, fortificó el edificio del Gobierno Civil y se aprestó a su defensa. Pero no contaron con el pueblo y los sublevados les ganaron la partida por la fuerza.

En La Coruña, el germen de la sublevación militar prendió en un grupo de jefes y oficiales. Por las declaraciones del comandante de Estado Mayor Fermín Gutiérrez de Soto, recogidas en la instrucción del sumario del consejo de guerra contra los generales Salcedo y Caridad, se sabe que el primer núcleo de militares reveldes de la capital coruñesa, sede del mando de la División, lo integraban los capitanes de Artillería Castro Caruncho y Ojeda, el capitán de Infantería Oset, el capitán de Ingenieros Román, el capitán Jurídico Garicano, los capitanes de la Guardia Civil Rañal y Gumersindo Varela, y el capitán de Asalto Balaca, además del citado Gutiérrez de Soto. En algunas reuniones también estuvieron presentes el capitán médico Parrilla y el de Intendencia Garnica.

Las reuniones de los militares rebeldes comenzaron a celebrarse pocos días después de las elecciones de Febrero de 1936 y la mayoría de ellas tenían lugar en la biblioteca de la propia Capitanía. Todos estos oficiales se encargaron, en un primer momento, de contactar y agrupar en sus unidades respectivas a los demás jefes y oficiales. A continuación, extendieron sus gestiones a las otras plazas de la División. Según palabras del comandante Gutiérrez de Soto, esas gestiones pusieron de manifiesto la gran unión existente entre todos los mandos militares. En La Coruña, y ateniéndonos siempre a lo declarado por Gutiérrez de Soto, contaban con la adhesión de todas las unidades, incluidas la Guardia Civil, Asalto y los propios Carabineros, según se lo había confirmado personalmente su jefe, el teniente coronel Meseguer. Solamente consideraban contrarios a sus planes al general Caridad Pita, jefe de la Brigada de Infantería, a su ayudante, el comandante Goizueta y al capitán de Infantería Cabrera; tampoco podían contar con el coronel Adolfo Torrado, jefe del 16º Regimiento de Artillería Ligera, de guarnición en La Coruña. Lo mismo ocurrió en las demás plazas gallegas que no tropezaron con la hostilidad de ningún oficial, excepto alguno en situación de reserva en Lugo y Ferrol.

El comandante Gutiérrez de Soto recibió de sus compañeros de conspiración el encargo de actuar de enlace con los mandos superiores. Así que una de las primeras visitas fue para el general jefe de la División, Enrique Salcedo Molinuevo. Gutiérrez de Soto le expresó la disposición de todos los jefes y oficiales de la plaza a defender el prestigio del Ejército, el honor de la Patria y demás lugares comunes de la fanfarria militarista, manifestando su obediencia al general y solicitando su aquiescencia a las actividades que habían emprendido. Salcedo, por su parte, expresó su afecto y agrado por lo que acababa de escuchar, y remarcó el interés que tenía en que supieran todos que él estaba animado por el mismo espíritu. Salcedo conocía la propaganda que se estaba haciendo en los cuartos de banderas de las guarniciones de La Coruña y en las demás plazas, pues el general Iglesias, comandante militar de Pontevedra, y el coronel Caso, comandante militar de Lugo, le habían venido a comunicar las actividades conspiratorias llevadas a cabo entre los oficiales de sus respectivas demarcaciones. La actitud del general Salcedo, que no tomó ninguna determinación para cortar esa labor de propaganda y organización, hizo que los implicados creyesen hasta el último momento que le tenían de su lado. Y es que los generales y coroneles con mando se mostraban cautos, sino desconfiados, en una actitud que contrastaba con el descuido y hasta irreflexivo exhibicionismo de que hacían gala tantos oficiales.

No solamente estaba reciente el fracaso de la insurrección militar del general Sanjurjo, sino que muchos de esos generales y coroneles se sentían vigilados y no parecían muy dispuestos a arriesgar su privilegiada situación enfrentándose a un estado que, aunque no fuera de su agrado, había demostrado poseer un aparato represivo capaz de vencer golpes militares y revoluciones proletarias. El mismo coronel Pablo Martín Alonso, jefe del Regimiento de Infantería Zamora nº 29, principal fuerza de la guarnición de La Coruña, que era un hombre claramente contrario a la República, no se descubrió hasta el último momento. Conocía en propia persona el riesgo de dar un paso en falso, y más un hombre como él, que ya había estado complicado en el golpe del general Sanjurjo y recibido la correspondiente sanción con un trasladado a Villa Cisneros, en el Sáhara, donde permaneció hasta que la amnistía decretada durante el bienio derechista le devolvió a la Península.

Presidida por el teniente coronel de la Guardia Civil Florentino González Vallés, al mando de la Comandancia de León, se celebró otra reunión a la que, además de los ya habituales, asistieron todos los capitanes de compañía de la guarnición coruñesa. En esa reunión se acordó que el citado teniente coronel, que acababa de ser destinado a Madrid como jefe del Parque Automovilístico de la Guardia Civil, enlazase con los mandos de la capital y les hiciera ver el ambiente y la determinación de la guarnición de La Coruña y de toda la División. Igualmente, los reunidos se comprometieron a no permitir de ningún modo que en los cambios de mandos que se anunciaban se relevase a Salcedo o al coronel Martín Alonso, que aunque no acudían a ninguna reunión les consideraban en la más íntima compenetración con sus proyectos. El comandante Gutiérrez de Soto fue, una vez más, el encargado de informar de lo acordado al general Salcedo.

Esos cambios de mandos significaban que el gobierno republicano no estaba con los brazos cruzados. Además, una de esas reuniones de oficiales rebeldes, la celebrada el día dieciocho de Abril, fue conocida por el coronel Torrado y, probablemente, por la policía. Alertados por el capitán de Artillería Ozores, los reunidos abandonaron disimuladamente la biblioteca y el edificio de Capitanía y se trasladaron subrepticiamente al domicilio particular del propio capitán Ozores, donde prosiguieron la reunión. Las noticias que les llegaban desde Madrid eran, por una parte, de advertencia, informándoles sobre un posible movimiento izquierdista que en un primer momento tendría como objetivo hacer desaparecer a los jefes y oficiales del Ejército; por otro lado, les comunicaban la inminencia de la fecha del alzamiento militar para que estuviesen listos. El capitán Balaca, de Asalto, que estuvo unos instantes en la reunión, les dio a conocer algunas de las medidas precautorias adoptadas por el gobernador civil, incluida la instalación de ametralladoras en el edificio de su residencia oficial, y que él mismo tenía que partir inmediatamente para Ferrol al mando de dos secciones de guardias.

Visto lo preocupante de la situación, los oficiales rebeldes decidieron dormir en los cuarteles, reforzar las guardias y doblar los retenes. Para dar el debido respaldo a todo ello, el propio Gutiérrez de Soto se fue a buscar a su jefe de Estado Mayor, teniente coronel Tovar, que se encargó de redactar dichas disposiciones y presentarlas al general Salcedo para su aprobación.

En medio de esa tensión, el coronel Adolfo Torrado, jefe del Regimiento de Artillería Ligera, tuvo noticia de la reunión celebrada en el domicilio del capitán de Artillería Ozores, que era, además, su ayudante y le mandó llamar a su presencia. A continuación, el coronel Torrado se fue a ver al general Iglesias, jefe de la 8ª Brigada de Artillería a la que pertenecía el regimiento de Torrado. El general Iglesias estaba casualmente en La Coruña y después de lo que le contó el coronel Torrado decidieron ir a comunicárselo personalmente al general Salcedo. Eran las diez y media de la noche y Salcedo, que ya se había acostado, tuvo que levantarse para recibir a los dos artilleros. Más de una hora estuvieron conferenciando los dos generales. Cuando Salcedo, visiblemente molesto, pidió los nombres de los capitanes que habían asistido a la reunión, Torrado salió a preguntárselo al capitán Ozores, pero éste se negó a decírselos. De nuevo en el despacho del general, el coronel Torrado le dijo que no podía dar esos nombres y que estaba dispuesto a aceptar el castigo que le impusiera el general, incluso la pérdida del mando del Regimiento de Artillería, si le parecía necesario. El general Salcedo se conformó con echarle una fuerte reprimenda y la cosa no pasó a mayores: nada de arrestos ni de investigaciones. Después, y fuera ya del despacho del general, el coronel Torrado, sospechando alguna maniobra, quiso y pudo comprobar que las órdenes de refuerzo dadas por el Estado Mayor, que había recibido hacía poco, contaban con el conocimiento y aprobación del general de la División. Unos días después, el coronel Torrado, para cortar esa situación, exigió personalmente y obtuvo de todos y cada uno de los jefes y oficiales de su regimiento el compromiso de no asistir a reuniones y de obedecer, respetar y no abandonar al que les mandaba. No todos lo cumplieron.

El gobernador civil de la provincia, Pérez Carballo, que hacía pocas semanas que había tomado posesión del cargo, se reunió con el alcalde de La Coruña y con representantes de todas las organizaciones del Frente Popular para tratar de adoptar una estrategia defensiva común frente a la amenaza rebelde. Por su parte, el general Caridad Pita, continuaba con sus rondas de vigilancia y en una de ellas se presentó a la una de la madrugada en el edificio de Capitanía. No percibió nada anormal, pero encontró en las dependencias del Estado Mayor al comandante Gutiérrez Soto y al capitán Castro Caruncho, que habían decidido pasar allí la noche. De Capitanía, el general Caridad continuó la ronda por los cuarteles de Infantería e Intendencia, donde tampoco observó anormalidad alguna.

Superados esos momentos de tensión, las autoridades republicanas iniciaron una tímida reacción. A consecuencia de una denuncia del comandante de la Guardia Civil Monasterio, se supo de un intento de ocupar el edificio del Gobierno Civil por fuerzas de la Guardia Civil de la Comandancia de La Coruña. Por ese motivo, fueron procesados y enviados a la prisión de Guadalajara el teniente coronel Haro y el capitán Rañal. El teniente coronel Vallés fue destituido en Madrid. Por otra parte, en el cuartel de Asalto se produjo un intento de motín por haber sido enviado a prisión un guardia. El gobierno envió a La Coruña al coronel Puigdendolas para que realizara el preceptivo informe, al cual siguió un cambio de mandos.

En palabras del comandante Gutiérrez Soto “todo se complicaba”. Varias piezas importantes habían sido descubiertas y neutralizadas. No obstante, tras solicitárselo al general Salcedo, la intervención de éste ante el auditor de la División y el coronel Puigdendolas hizo que la causa contra los dos mandos de la Guardia Civil fuera sobreseída y que el capitán Balaca se librara de un traslado. Gutiérrez Soto, que conocía al general Salcedo desde hacía doce años, siempre que se entrevistaba con él trataba de animarle a que cuando estallará la sublevación fuera el primer general de división en pronunciarse. Le halagaba con frases grandilocuentes y le recalcaba una y otra vez la oportunidad que tenía de pasar a la Historia de forma tan destacada. El general Salcedo, más prosaico y realista, le respondía que si se sublevaba a donde pasaría sería a la prisión militar de Guadalajara.

El comandante Gutiérrez de Soto, jefe de la sección de Topografía del Estado Mayor, se encontraba a mediados de Julio realizando trabajos de campo en las inmediaciones de Ferrol. El sábado dieciocho, al regresar a Ferrol y hacer una visita al cuartel del Regimiento de Artillería de Costa, pudo enterarse de que el Ejército de Africa se había sublevado y que el general Franco se había puesto al frente del mismo. Acudió a la Comandancia Militar, donde se estaba celebrando una reunión de jefes. En ella, el general Morales, comandante militar de la plaza, les leyó la radio-proclama del general Franco. Finalizada la reunión, Gutiérrez Soto se entrevistó brevemente con el general Morales y pudo leer la citada radio-proclama, pero Morales no le permitió llamar desde su despacho al cuartel general de la División en La Coruña para saber si allí estaban al tanto o no de lo ocurrido en Africa. Antes de partir para La Coruña, Gutiérrez Soto se entrevistó con algunos de los elementos más comprometidos con la conspiración, tal que el jefe del Estado Mayor de la Base Naval, capitán de navío Vierna, y algunos oficiales de Artillería de Costa.

Una vez en La Coruña, Gutiérrez Soto se fue a buscar a su superior, el teniente coronel Tovar, jefe del Estado Mayor: no sabían nada ni tenían noticia de radio-proclama alguna. Si es verdad como lo cuentan, llama la atención lo débil que era la organización clandestina de los rebeldes de La Coruña, a pesar de que ya hacía tiempo que habían conseguido establecer contacto con el general Mola y lo mantenían muy fluido con la VI y VII Divisiones y con la Comandancia de Asturias. Tras hablar con su jefe, Gutiérrez Soto subió a ver al general Salcedo y le contó lo ocurrido en Ferrol. El general Salcedo dejó entonces de comportarse en sentimental para hacerlo en gubernamental. Expresó sus dudas de que el general Franco pudiera estar en Tetuán si se sabía que el día antes había asistido en Las Palmas al funeral del general Balmes. A continuación, Salcedo llamó por teléfono al general Morales para reprenderle por su conducta y ordenarle que, en lo sucesivo, se abstuviera de comunicar a nadie documentos antes de enseñárselos a él.

No sabemos la información de que dispondría el general Salcedo, pero el viernes diecisiete, entre las seis y media y las siete de la tarde, es decir, pocas horas después del inicio de la sublevación en el Protectorado, mandó llamar al general Caridad, al coronel Martín Alonso y al teniente coronel Tovar. Salcedo les aguardó en su coche, aparcado al lado del “Obelisco” y cuando llegaron les mandó subir y partieron por la carretera de Santa Margarita y Pastoriza: “Nos dijo que era para darnos instrucciones que, efectivamente, dio y escuchamos los tres, el coronel y el declarante (Caridad) para cumplimentarlas y el teniente coronel para traducirlas por escrito. Ordenó el aumento de retenes y de vigilancia dadas las noticias que se recibían del exterior y al declarante (Caridad) le expresó y usted, mi general, siga usted visitando los cuarteles en la forma que le tengo ordenado.” El general Caridad, desde que tuvo noticias del inicio de la sublevación permaneció todo el tiempo en el cuartel de Infantería y solamente salía para hacer las rondas de visita a los otros cuarteles e ir a conferenciar con el general Salcedo.

La mayoría de los oficiales pasaron la noche del sábado dieciocho y la del domingo en las dependencias de la División. Cada vez que se recibían noticias de que algún otro general se había sublevado, el teniente coronel Tovar subía a comunicárselo a Salcedo y trataba de persuadirle de que ya había llegado el momento de que él hiciera lo mismo. Primero, se recibieron los radios de la V y VII Divisiones sumándose al alzamiento, y el diecinueve, los de la VI División y la Comandancia de Asturias. Al conocer esos radios, el general Salcedo se limitó a recomendar una y otra vez que se mantuviese la calma y no tomó ninguna decisión.

En las primeras horas de la mañana del domingo día diecinueve, se recibió en el Estado Mayor una llamada telefónica de Pontevedra en la que un capitán comunicaba que se había producido un tiroteo en el cuartel de Campolongo, preguntando insistentemente por qué no se daba la orden de declarar el estado de guerra. Gutiérrez Soto aprovechó la ocasión para telefonear al general Salcedo y al mismo tiempo que se lo contaba tratar de presionarle. El general, siempre en gubernamental, se irritó sobremanera, pidió el nombre del oficial para sancionarle y ordenó a Gutiérrez Soto que se constituyese en arrestado en su domicilio. Posteriormente, y por intervención del jefe del Estado Mayor, el general le levantó el arresto. Eso le permitió a Gutiérrez Soto seguir en las dependencias de la División y que en las primeras horas de la tarde pudiera comunicar telefónicamente con el comandante Martín Montalvo. Este, destinado en el Estado Mayor de la VII División, le confirmó la declaración del estado de guerra sin novedad alguna, poniéndose al teléfono el propio general Saliquet al que se le pidió que hablase con el general Salcedo y tratara de convencerle. Además de estas presiones, se le hizo llegar al general Salcedo un telegrama firmado por un supuesto “general delegado del general Sanjurjo”. En ese telegrama se le ordenaba que declarase el estado de guerra en el territorio de su División: una estratagema más.

El general Salcedo, por su parte, había estado en comunicación telefónica con el gobierno, probablemente con el subsecretario de Guerra, y con el general Miaja, y también mantuvo comunicaciones con otros generales. Llamó a Zaragoza y aunque no pudo hablar con el general Cabanellas, sí lo hizo con Alvarez Arenas que le confirmó que allí se había declarado el estado de guerra. A continuación, Salcedo llamó por teléfono a Pamplona. Habló con el coronel García Escámez y con el propio Mola. Seguidamente, conferenció con Saliquet, en Valladolid. Todos le confirmaron la declaración del estado de guerra en sus respectivas demarcaciones y a todos ellos contestó el general Salcedo diciéndoles que él no podía hacerlo por no tener órdenes para ello. Fue el general Mola quien le anunció la llegada a Burgos al día siguiente del general Sanjurjo, de ahí la artimaña del telegrama citado, al que Salcedo respondió con otro en el que decía que cuando Sanjurjo estuviera en Burgos le llamara personalmente y le ordenara lo que estimase oportuno.

En la tarde del domingo, la única esperanza de los rebeldes coruñeses era el coronel Martín Alonso, jefe del Regimiento de Infantería Zamora nº 29. Pero Martín Alonso seguía con sus cautelas y no se decidió a sacar sus fuerzas a la calle. Esa misma tarde, el general Salcedo le llamó para que viniera a verle a su despacho. Mantuvieron una larga entrevista y en ella el general trató de convencer a Martín Alonso de la locura de las pretensiones de los oficiales. No sabemos si lo lograría o no, pero, de momento, el coronel Martín Alonso se mantuvo quieto y, más tarde, tampoco sería el que iniciase la sublevación en La Coruña.

En la madrugada del domingo para el lunes se recibió en Capitanía un telegrama cifrado procedente de León y destinado al general Salcedo. En dicho telegrama, el general Bosch, comandante militar de León, informaba de las órdenes dadas por el gobierno y de las instrucciones del general inspector García Gómez-Caminero, en virtud de las cuales se habían entregado trescientos fusiles y cuatro ametralladoras a la columna de mineros y trabajadores que procedente de Asturias se dirigía a Madrid por ferrocarril y carretera. Esta columna, compuesta por unos dos mil quinientos hombres, partió de León al oscurecer, en treinta y cinco o cuarenta unidades de tren y en veinticinco o treinta camiones. El general Salcedo ya estaba al tanto de todo ello por haberle informado el gobierno y el propio general Caminero. Según sus propias palabras, Salcedo estaba tranquilo porque sabía que la columna se dirigía hacia Madrid y enseguida saldría del territorio bajo su mando. Por el contrario, la excitación de los oficiales rebeldes subió de tono al conocer esa entrega de armas

Al amanecer del lunes veinte, el teniente coronel Tovar, jefe del Estado Mayor, junto con el comandante Gutiérrez Soto y el capitán Castañón, se dirigieron al cuartel de Infantería a entrevistarse con el coronel Martín Alonso para tratar de convencerle de que sacara las tropas a la calle. Antes de que pudieran entrevistarse con el coronel, la casualidad quiso que en una de sus rondas se presentase en el cuartel el general Caridad. Sorprendido, les preguntó qué era lo que hacían allí a esas horas. Le respondieron con evasivas pero se tuvieron que marchar sin poder ver a Martín Alonso. El general Caridad acudió a continuación al despacho del general Salcedo a poner en su conocimiento los pormenores de tan sospechosa visita. Salcedo les mandó llamar inmediatamente y, al mismo tiempo, ordenó al suboficial de guardia que tuviera formadas a la guardia saliente y a la entrante. Cuando tuvo presentes en su despacho a los dos jefes y al oficial, en una escena violentísima, ordenó el arresto del capitán Castañón y del comandante Gutiérrez Soto, desposeyendo a éste del mando de la sección topográfica y ordenándole que lo entregara al capitán Pérez Soba. A su jefe de Estado Mayor le anunció su procesamiento por falta de lealtad en el ejercicio del cargo, recabando la presencia inmediata del auditor interino de la División. Como sustituto al frente del Estado Mayor de la División, el general Salcedo nombró al comandante de Estado Mayor Antonio Alonso, que aceptó el cargo en su presencia.

Los dos jefes y el oficial citados fueron encerrados en un despacho por orden del general. Con una excusa, Gutiérrez Soto consiguió salir un momento y por medio del comandante Aranguren pudo avisar de lo que estaba ocurriendo a los demás oficiales del Estado Mayor. Fue entonces cuando, según la propia declaración del general Salcedo, se presentaron en su despacho entre treinta o cuarenta jefes y oficiales (diecinueve o veinte según la mayoría de los testigos), unos de uniforme y otros de paisano, muchos de ellos con pistola al cinto. Salcedo les requirió severa y enérgicamente para que se mantuvieran dentro de la debida disciplina y obediencia, y acatasen sus órdenes. Como muchos no parecían dispuestos a ello, ordenó a su nuevo jefe de Estado Mayor que se sentara a su mesa e hiciera una relación de los jefes y oficiales presentes que se mostraban insubordinados. Al mismo tiempo, se dirigió al auditor interino, allí presente, para que procediera contra ellos. Lo que ocurrió fue que varios oficiales, incluido el propio auditor, le dijeron a voces que no reconocían su autoridad ni le obedecerían. El general Salcedo trató de disuadirles de su postura y les exigió que se mantuvieran disciplinados. El acto de fuerza que decantó la situación fue el puñetazo que el capitán Castro Caruncho propinó al general, tumbándole, echándosele encima otros más para inmovilizarle. En el tumulto, se cortaron los hilos del teléfono, se rompieron muebles y algunos de los presentes sacaron las pistolas, encañonando con ellas al general y a los cinco o seis que permanecían de su lado, entre ellos su ayudante, el comandante de Artillería Moreno Horta.

Eran poco más de las once de la mañana del lunes veinte cuando los sublevados iniciaban sus primeros movimientos en La Coruña. Exigieron a Salcedo que se pusiera al frente de ellos y encabezara la sublevación, seguramente pensando que si ésta fracasaba siempre podrían cubrirse las espaldas alegando la obediencia debida. El todavía general Salcedo se negó a ello rotundamente, tanto por cumplir con su deber como por considerar que, de aceptar, lo primero que tendría que hacer era “tomar gravísimas providencias” contra los jefes y oficiales que le habían agredido, insultado y amenazado. Además, y según declararía más tarde, a Salcedo le impedía aceptar la propuesta “el deber de mi cargo y conciencia así como un debido cumplimiento de mi palabra empeñada y del juramento prestado con mi firma, reiterado todo ello ante el Presidente del Consejo de Ministros y ante el Ministro de la Guerra cuando vine a tomar posesión del mando del la VIII División, y, posteriormente, en el mes de Marzo último, ante el entonces presidente del Gobierno, señor Azaña, a los que ofrecí por mi honor, lealtad y obediencia en mi puesto, todo ello renovado tres o cuatro días antes de los sucesos que relato en conferencia telefónica celebrada con el entonces Ministro de la Guerra”.

Ante la negativa del general Salcedo, los rebeldes volvieron sus ojos hacia el coronel de Ingenieros Enrique Cánovas, que era el más antiguo de los allí presentes. Por tres veces se negó éste a aceptar el cargo, pero terminó por ceder a las presiones de sus compañeros. Antes de abandonar el despacho del general, casi todos los presentes, incluido el coronel Cánovas, le dijeron a Salcedo que le guardarían las debidas consideraciones, a pesar de que éste les manifestó que se consideraba detenido. Posteriormente, le pusieron una guardia armada a la puerta de sus habitaciones y le prohibieron salir de las mismas.

El general Caridad Pita y su ayudante, el comandante Goizueta, hacia las siete de la mañana de ese lunes veinte, se dirigieron a hacer una ronda de visitas a las instalaciones y acuartelamientos militares. Cuando llegaron al Parque de Artillería les llamó la atención un coche que estaba aparcado delante de la puerta. Por el oficial de guardia, capitán Ojeda, supieron que se trataba del coche del capitán de Artillería Ozores, del que el general Caridad sabía que era uno de los promotores del movimiento militar en la guarnición. La siguiente visita fue al cuartel de Infantería, donde como ya queda dicho, encontraron al jefe y a los dos oficiales del Estado Mayor, los que también estaban considerados por el general Caridad como comprometidos en la conspiración.

Todo presagiaba que la insurrección iba a estallar de un momento a otro. El general Caridad acudió a dar parte de lo ocurrido al general Salcedo y regresó al cuartel de Infantería. Le salió a recibir el coronel Martín Alonso y el general Caridad le pidió que le acompañase, reuniéndose los dos a solas en la sala de los consejos de guerra. El general Caridad le dijo a Martín Alonso lo que pensaba y lo que veía venir, preguntándole si respondía del regimiento, es decir, si respondía de que su unidad se mantuviese dentro de la disciplina y del acatamiento del mando. El coronel Martín Alonso le contestó que “hasta aquel momento sí respondía”, lo cual no dejaba de ser una evasiva. El general Caridad le volvió a repetir la misma pregunta por tres veces y le exigió, y no obtuvo, una respuesta categórica, añadiendo el coronel que el estado de excitación de los jefes y oficiales no le permitían responder de esa manera. Se produjo entonces la destitución del coronel Martín Alonso, diciéndole el general Caridad: “puesto que usted no me responde del regimiento, usted no puede mandarlo y queda usted destituido.”

Tras la destitución del coronel del Regimiento de Infantería Zamora nº 29, el general Caridad mandó llamar a su presencia, sucesivamente, al teniente coronel Nevado y a los comandantes de los dos batallones del regimiento: López Pita y Arteaga, pero, según sus propias palabras, “en ninguno de ellos vio el propósito de ejercer el mando en la forma militar y concreta que yo exigía”. Entonces el general ordenó que se reuniera toda la oficialidad y, entretanto, recibió el ruego de algunos oficiales para que dejara sin efecto la destitución del coronel. Reunidos los jefes y oficiales, el general Caridad les dirigió la palabra “invocando a la Patria, al orden, a la Ley, a la obediencia al poder constituido, a la disciplina y demás virtudes militares, al afecto que nos ligaba puesto que todos ellos eran los queridos compañeros del declarante y de su coronel antiguo, que era el que les hablaba, y les exigí su palabra de honor de mantenerse quietos y a las órdenes del mando. Dieron esa palabra de honor y restituí al coronel en el mando del regimiento.”

El general Caridad permaneció en la sala de armas del regimiento y a las once asistió a la jura de la bandera de los voluntarios de ese mes. En la ceremonia que se celebró en la explanada del cuartel, pronunciaron sendas alocuciones el coronel Martín Alonso y el general Caridad. Tras el desfile de la fuerza y finalizado el acto, el general Caridad se dirigió al cuarto de banderas percibiendo entonces que la puerta del cuartel estaba cerrada. Pidió al oficial de guardia que le explicase el motivo y ni éste ni nadie supo contestarle. Fue en ese momento cuando el coronel Martín Alonso le avisó que le llamaba por teléfono el coronel Cánovas, aunque en realidad estaban esperando esa comunicación, pero antes de llegar a hablar por teléfono apareció en el cuarto de banderas el comandante Gutiérrez de Soto que en voz alta dijo que el coronel Cánovas se había hecho cargo de la Comandancia Militar, prorrumpiendo los oficiales presentes en “vivas” al general Franco y gritos de “abajo los traidores”. El general Caridad le dijo al coronel Martín Alonso que se iba a ver al coronel Cánovas, pero éste se puso delante de la puerta impidiéndole salir. Al mismo tiempo, los demás jefes y oficiales le rodearon y le impidieron moverse. En ese momento, el general Caridad se dio por detenido y fue conducido prisionero por el propio coronel Martín Alonso a la sala de consejos de guerra. Permaneció encerrado en esa sala, junto con su ayudante, el comandante de Infantería Laureano Goizueta, hasta el día veintiséis.

De Capitanía, y portando la correspondiente orden escrita, partió hacia el cuartel del Regimiento de Artillería Ligera el teniente de ese cuerpo Fernando García Mera. El nuevo comandante militar, coronel Cánovas, especificaba en dicha orden que se preparase para salir a la calle una batería de dicho regimiento, toda vez que se iba a declarar el estado de guerra. Se estaba empezando a aplicar el plan de despliegue de las fuerzas que ya había sido elaborado por el jefe del Estado Mayor de la División, teniente coronel Tovar. Sin embargo, el coronel Torrado, que en reiteradas ocasiones había asegurado que siempre estaría al lado del general Salcedo, no aceptó dicha orden y partió para Capitanía a enterarse de lo que había sucedido. Cuando el coronel Torrado llegó a la División y pudo comprobar que habían destituido al general Salcedo, subió a entrevistarse con él, manifestándole que seguía incondicionalmente a sus órdenes. Entonces, los sublevados le detuvieron y le desposeyeron del mando, haciéndose cargo del Regimiento de Artillería el teniente coronel Ginés Montel. Adolfo Torrado permaneció detenido en Capitanía hasta la madrugada del día siguiente y, según sus propias declaraciones, al oír y darse cuenta de que se estaba luchando en las calles “se ofreció a los dirigentes, que lo eran el coronel Cánovas, el teniente coronel Tovar, el comandante Gutiérrez de Soto y capitán Garicano, diciéndoles: "os ruego que me deis un puesto a vuestro lado, dadme el sitio de mayor peligro; yo sé que al regimiento sería difícil volver en este momento, pero quiero demostraros que no soy lo que pensáis y estoy dispuesto a ser uno de tantos con vosotros”. Los sublevados no aceptaron su ofrecimiento y le mandaron para su casa, donde permaneció diecinueve días.

Los rebeldes tenían planeado declarar el estado de guerra en la mañana del domingo, pero la actitud del general Salcedo no les permitió hacerlo hasta un día después. El gobernador civil, al que el general Salcedo detestaba, dispuso así de algo más de tiempo para organizar sus exiguas fuerzas. Fortificó el edificio del gobierno civil con sacos terreros y alambre de espino, emplazó estratégicamente las ametralladoras del grupo de Asalto y trató de proteger los edificios públicos con los pocos hombres de que disponía. Al contrario que en otras ciudades, en La Coruña los defensores de la República no pudieron contar ni con la Guardia Civil ni con los Carabineros ni con la totalidad de las fuerzas de Asalto. Una huelga general convocada y desconvocada por las sirenas de los barcos, unos dirigentes obreros y republicanos que no sabían muy bien qué hacer, unas masas proletarias mal armadas y peor dirigidas... Al rugir el cañón, ¿qué otra cosa iría a suceder sino la previsible rendición? Poco a poco, los militares sublevados fueron dominando el centro de la ciudad; luego, los barrios periféricos; días más tarde, la provincia y Galicia toda.

A Francisco Pérez Carballo, aquel joven abogado y profesor de Derecho Romano en la Universidad Central, al que Casares había designado gobernador civil de La Coruña, le formaron consejo de guerra, le condenaron a pena de muerte y le fusilaron al día siguiente. El sábado veinticinco de Julio le colocaron delante del piquete de guardias Asalto. A su lado, fueron también pasados por las armas el comandante Manuel Quesada, jefe de esas fuerzas de Asalto hasta el triunfo de la sublevación militar, y el capitán de Asalto Gonzalo Tejero, que habían organizado la defensa y dirigido la resistencia de la sede del gobierno civil. Juana Capdevielle, esposa del gobernador, escribió el día veintidós una emotiva carta al general Salcedo en la que le solicitaba amparo y protección para su marido y para ella misma: ¡Qué poco podía imaginar la situación en la que se encontraba el general jefe de la VIII División Orgánica! Y así, en unos pocos días a Juana Capdevielle, licenciada en Filosofía y Letras y funcionaria de la Universidad Central, le arrancarían la casa, la libertad, la vida del marido, la vida del feto que llevaba en sus entrañas y, finalmente, la suya propia... En una cuneta de la carretera, próxima al pueblo lucense de Rábade, apareció el cuerpo de una mujer muerta a tiros.

El domingo veintiséis, un día después de que hubiesen sido fusilados el gobernador civil y los dos oficiales de Asalto, los generales Salcedo y Caridad y el capitán de equitación Alvarez fueron conducidos al vapor “Plus Ultra” y trasladados a Ferrol para ser encerrados en el castillo de San Felipe. El día seis de Agosto llegó al castillo para compartir cautividad el coronel de Artillería Adolfo Torrado Atocha. Dos días más tarde, el juez instructor, general de división Ambrosio Feijoo Pardiñas, les notificó a los tres el auto de procesamiento por el delito de traición. Los generales y el coronel Torrado iban en la misma causa. Por dos veces nombraron defensores y por dos veces se los rechazaron. Los tres procesados pidieron entonces la revocación del auto de procesamiento, pero el auditor de división Francisco Corniero se lo denegó. Finalizada la instrucción del sumario, se señaló el veinticuatro de Octubre para la celebración del consejo de guerra. De la defensa del general Salcedo se iba a encargar el comandante de Artillería retirado Joaquín Romay Mancebo; de la del general Caridad, el comandante de Infantería Manuel Pedreira, y del coronel Torrado, el comandante de Artillería Hermenegildo Sánchez Esperante. No recuerdo ahora mismo de cual de ellos era, pero las conclusiones de uno de los defensores no ocupaban más que la cara de un folio... El tribunal militar, por unanimidad, condenó a los generales Salcedo y Caridad a pena de muerte, y al coronel Torrado a reclusión perpetua.

Los generales Salcedo y Caridad, que habían declarado que no poseían bienes, fueron fusilados el nueve de Noviembre de 1936.

Enrique Salcedo Molinuevo había nacido en Madrid el quince de Julio de 1871. Su padre, José de Salcedo, también militar, llegó, igual que su hijo, a ostentar el empleo de general de división. Enrique Salcedo entró en el Ejército como alumno de la Academia de oficiales al cumplir los diecisiete años. Cuatro años más tarde ya era teniente de Infantería. Estuvo destinado en Cuba entre 1895 y 1898, y en 1896 fue ascendido a capitán por méritos de guerra. Siendo ya coronel, tuvo una actuación destacada en Marruecos y fue condecorado con la medalla Militar individual y ascendido a general de Brigada. En 1928 fue ascendido a general de división y, entre otras condecoraciones, estaba en posesión de la gran cruz de San Hermenegildo.

Del general de brigada Rogelio Caridad Pita sabemos que nació en La Coruña el día tres de Septiembre de 1875 y que sin haber cumplido los diecisiete años ingresó en la Academia de Infantería. En 1895, siendo teniente, salió para Cuba a bordo del “Reina María Cristina”. Permaneció en la isla hasta el final de la guerra con los Estados Unidos, embarcando entonces en La Habana en el vapor “Colón”, que arribó a La Graña, en la ría ferrolana. Durante la guerra de Cuba estuvo a las órdenes del entonces comandante Miguel Primo de Rivera. Caridad fue condecorado varias veces, recibiendo tres cruces de primera clase al mérito militar con distintivo rojo. En noviembre de 1901 ascendió a capitán y casi once años después a comandante, desempeñando el puesto de ayudante del general de Brigada Cayetano de Alvear. Ahí se pierde la pista, probablemente debido a que el expediente personal esté incompleto. En 1901, siendo aún teniente, escribió un libro titulado “Historia militar de España”, dedicado al período correspondiente a la casa de Austria, libro que le hizo acreedor a una mención honorífica. Al menos, estaba en posesión de la Cruz de la Orden de San Hermenegildo y de la medalla de la Campaña de Cuba. Durante la Revolución de Octubre de 1934, el general Rogelio Caridad vino destacado a Gijón como Jefe de la Base de Operaciones y Comandante Militar de la plaza. Un batallón del Regimiento de Infantería nº 29, de Ferrol, pasó a formar parte de la guarnición de Gijón con carácter temporal. Rogelio Caridad Pita era uno de los generales más nítidamente leales al régimen republicano.

El coronel Adolfo Torrado Atocha, coruñés también y de los mismos años que Caridad, ingresó en la Academia de Artillería en 1893. En 1897 era teniente y en 1906 capitán. Fue ayudante del general de División Juan Ampudia, al que acompañó en varios destinos. A finales de 1932 recibió el nombramiento de coronel y ya se había hecho acreedor a varias condecoraciones.

Foto: Tribuna presidencial del desfile militar del 14 de Abril de 1936 en La Coruña.

De izquierda a derecha: Alfredo Suárez Ferrín, alcalde de La Coruña; el general de División Enrique Salcedo Molinuevo, jefe de la VIII División Orgánica (Galicia, Asturias y León); Juana Capdevielle, esposa del gobernador civil; Francisco Pérez Carballo, gobernador civil de La Coruña;

(detrás de ambos, con barba) el general Rogelio Caridad Pita, gobernador militar de la plaza y jefe de la 15ª Brigada de Infantería.

Fuente: Blog Asturias Republicana.